Ciudadanos de Camargo pide que se profesionalice el Parque de Bomberos de este municipio, que supera los 20.000 habitantes, mediante la convocatoria de una oposición pública que garantice el acceso a las plazas con igualdad de méritos, capacidad y publicidad, como marca la Ley. Así, lo aseguraron hoy en rueda de prensa el diputado regional de Ciudadanos, Juan Ramón Carrancio, y el portavoz de este partido en Camargo, David Acosta.

Desde Ciudadanos recuerdan que el Ayuntamiento, con Diego Movellán de alcalde del PP, niega la relación laboral que ha existido y el asunto acaba en el Juzgado de lo Social número dos de Santander donde se da la razón a Inspección de Trabajo en febrero de 2014. Ante esta situación, el Consistorio recurre ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, quien ratifica la sentencia anterior en marzo de 2015. Por este motivo, el anterior alcalde, Diego Movellán, volvió a recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo con el fin de ganar tiempo ante las elecciones municipales que se aproximaban, incide Carrancio.

Ciudadanos considera oportuno que “se retire este recurso y se dejen de gastar recursos públicos únicamente encaminados a ganar tiempo y en caso de hacerlo el político lo sufrague con su propio dinero”.

Esta cuestión lleva incumpliéndose en Camargo desde hace años y la Consejería de Presidencia no parece muy dispuesta a corregir a pesar que la Ley le obliga a prestar asistencia jurídica.

Los hechos comienzan en 2007, año en que se transforma la operativa del caso que nos ocupa a raíz de la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Camargo y el Gobierno de Cantabria que, en esencia, es el mismo que continúa en vigor hoy en día, lo cual implica directamente al Gobierno.

La operativa que en ese momento pone en marcha el Ayuntamiento de Camargo, gobernado en esas fechas por el Partido Socialista, consiste en crear un grupo de voluntarios dentro de Protección Civil para que ejerzan el papel de bomberos voluntarios. “Rápidamente dicho grupo comienza con guardias presenciales hasta llegar a ser operativos los 365 días del año y 24 horas al día, comenzando durante el proceso a percibir las primeras dietas”, según Carrancio.

En el año 2009 se inauguraron las nuevas instalaciones en Trascueto, gobernando Ángel Duque; a partir del 2010 al convenio del Gobierno que aportaba al Ayuntamiento por este servicio 250.000€ anuales, se suma otro firmado con el Ayuntamiento de Astillero que destina otros 60.000 euros, además de otros 100.000 procedentes del Consorcio de Seguros.

Debido a esta situación y ante el llamamiento de sindicatos, algún partido político y la Plataforma de Bomberos Profesionales, acabó interviniendo Inspección de Trabajo, que determinó que existía relación laboral entre el Ayuntamiento y, al menos, 17 personas, entre ellas cinco directivos, y alguna de las cuales se les abrió expediente de incompatibilidad al ser funcionarios (policías o guardias civiles) e incluso algún político que percibían dietas de 900 euros todos los meses.

“Nos encontramos con un Ayuntamiento de gobierno socialista que organiza un servicio de forma ilegal, la Corporación que la sucede, del PP, que, no sólo mantiene la ilegalidad, sino que incluso pleitea para mantenerla, y una tercera corporación, el cuatripartito actual, cuya actuación, por lo que se deduce de los expresado en el Pleno del pasado día 2 de septiembre, no es cambiar la situación de los voluntarios y actuar conforme marca la Ley, sino sortearla mediante la bajada de las dietas y otras decisiones, todo ello bajo la atenta mirada de los sucesivos Gobiernos autonómicos donde se han ido alternando el PP y el Socialista con el PRC, convirtiéndose así en cómplices de la ilegalidad”, comentaron Carrancio y Acosta.