El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander recuerda que el día 21 de febrero registró una moción para pedir al Consistorio que los contribuyentes que no obtuvieron plusvalías con la transmisión de inmuebles puedan reclamar las cantidades satisfechas del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Ciudadanos exige también que, de forma urgente, se apruebe el proyecto inicial de modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en el cual se establezca la declaración tributaria como régimen de gestión del impuesto.

Ciudadanos recuerda que presentaron esta moción, que se debatirá el jueves, día 6 de abril, en el Pleno que comenzará a las 9.00 horas, y que mostraron su preocupación con los vecinos afectados.

Los concejales de Ciudadanos, David González y Cora Vielva, inciden en que el Ayuntamiento ha recurrido la sentencia del particular sobre este impuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y se debe esperar a la resolución definitiva.

“Es necesario que el Pleno del Ayuntamiento arbitre con carácter urgente medidas que, dentro de las competencias de las Administraciones locales, exijan el tributo con arreglo a la capacidad económica real del contribuyente, así como reparar a aquellos que hayan hecho frente al gravamen, cuando no tenían obligación”, explicó David González.

El 16 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional ha resuelto la cuestión de inconstitucionalidad nº 1012/2015 promovida por un juez de lo Contencioso de Guipúzcoa sobre los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de la Norma Foral 16/1989, que regula el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la plusvalía municipal.
Dichos preceptos, idénticos a los recogidos en la Ley de Haciendas Locales y en la Ordenanza Reguladora de dicho gravamen, han sido declarados inconstitucionales y nulos en la medida en que someten a tributación situaciones de inexistencias de incrementos de valor, aseguran desde Ciudadanos.

“Dicha resolución pone de manifiesto la inadecuada regulación de un impuesto cuya exigencia es potestativa, y que ha obligado a realizar pagos a numerosos contribuyentes que no habían obtenido ninguna plusvalía en la transmisión de viviendas y locales; fuera motivada ésta en una elección personal, fruto de la necesidad o de una imposición legal”, comentó González.