El Grupo Municipal de Ciudadanos en Santa Cruz de Bezana recuerda al equipo de Gobierno municipal que la Ley Ferroviaria de 2006 impide cubrir la piscina municipal por no respetar la distancia de 50 metros.
Los dos concejales de Ciudadanos, Ignacio Hernando y Víctor González, critican a los gobernantes municipales por encargar que se realice un estudio sobre la ejecución de este proyecto. “No estamos en contra de que la piscina sea cubierta, pero los anteriores gobiernos llevan pidiendo esta actuación desde hace ocho años y han recibido la negativa de la Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)”, incidieron.
Ciudadanos quiere aclarar que se oponen a destinar una partida del presupuesto de 2017 para un proyecto que no tiene el visto bueno por parte de ADIF. “Ante esta situación, pedimos que si en este año conseguimos la aprobación, entonces se destine dinero en el presupuesto del próximo año”, especificó el Grupo Municipal de Ciudadanos
Ciudadanos señaló que el artículo 14.2 de la Ley Ferroviaria 4/2006 del 31 de marzo establece que la línea límite de edificación con el ferrocarril se tiene que situar literalmente a 50 metros de la arista exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de dicha arista. “Sin embargo, la piscina municipal se encuentra a 10 metros de la citada arista, motivo por el cual sistemáticamente el Organismo competente ha denegado la autorización para hacer tal construcción”, comentó el portavoz, Ignacio Hernando.
Con estos antecedentes, el Grupo Municipal de Ciudadanos se opone a destinar una partida presupuestaria para realizar un proyecto que ha sido rechazado en varias ocasiones y que en caso contrario pudiera desarrollarse el año próximo. “Y sin olvidar que la competencia para realizar dicho informe corresponde al técnico municipal, por lo que no tendría que tener coste alguno para las arcas públicas”, recalcó Hernando.
Además, Ciudadanos insiste en que el técnico municipal no ha rebatido hasta la fecha las resoluciones administrativas dictadas al respecto, por lo que no tiene sentido abonar un estudio de una cuestión que no parece tener ni el más mínimo viso de legalidad.
“A pesar de ello, el equipo de Gobierno municipal ha incrementado esta partida en 20.000 euros en los presupuestos generales de 2017, con la finalidad de realizar un estudio de legalidad sobre la construcción de una estructura que cubra la piscina municipal”, señalaron los dos ediles.