Ciudadanos solicita a la Fiscalía que investigue quién avisó a la delegada del Gobierno de una intervención judicial bajo secreto de sumario, un hecho que puede ser delito según al artículo 466 del Código Penal
Santander, sábado 4 de marzo de 2023. El portavoz de Ciudadanos (CS) Félix Álvarez, ha denunciado el hecho de que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla y la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, conocieran de antemano la intervención de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en la sede de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria por orden de un Juzgado de Santander, ante presuntas irregularidades en adjudicaciones del Servicio de Carreteras de ese departamento.
El presidente del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, que compareció ante los medios de comunicación ayer viernes para anunciar la dimisión del consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, esclareció, para asombro de todos, que el miércoles 22 de febrero recibió a las 7:20 horas una llamada telefónica de la delegada del Gobierno, para avisarle de que a las 7:30 horas la UDEF y la Agencia Tributaria iban a proceder a intervenir el edificio de la Consejería de Obras Públicas por orden judicial por un presunto caso de corrupción.
“Es un escándalo que Revilla y la delegada del Gobierno conocieran la intervención policial en Obras Públicas antes de que se produjera”, ha denunciado Álvarez, que apunta a que “nadie, salvo la jueza y la policía que está a sus órdenes, podría tener conocimiento de la intervención que iba a tener lugar en la consejería esa mañana”
“Quién comunicó, contraviniendo la ley, que se iba a registrar la consejería de Obras Públicas y cómo es posible que Quiñones en lugar de guardar silencio y denunciar a quién reveló el secreto, avisara al señor Revilla”, se pregunta Álvarez, que señala que este gesto ha podido poner en peligro la investigación, ya que se desconoce a cuanta gente alertó la delegada del Gobierno, además de a Revilla, y las consecuencias de este hecho, que podría haber dado lugar a la ocultación o destrucción de pruebas.
Álvarez ha recordado que el funcionario que estaba siendo investigado, el mismo día de la intervención policial, llamó a la consejería de Obras Públicas para comunicar que por problemas personales no iría a trabajar, y que casualmente el día anterior al registro, según cuentan los medios de comunicación, este funcionario se deshizo de documentos que supuestamente tiró a un contenedor.
El portavoz de Ciudadanos ha comunicado hoy mismo esta cuestión a la Fiscalía de Cantabria para que investigue quién avisó a la delegada del Gobierno de una intervención judicial bajo secreto de sumario, ya que considera que este hecho puede ser constitutivo de delito según al artículo 466 del Código Penal.
Asimismo, Álvarez, que considera “gravísimos” estos hechos, exigirá explicaciones a Revilla en el Pleno del Parlamento del próximo lunes.