El concejal de Cs critica la firma de cuatro contratos de alquiler en el edificio de la calle Emilio Mier a personas cuyos informes de vulnerabilidad no justifican la concesión al contar con ingresos superiores a los mil euros
Torrelavega, 27 de febrero de 2023. “Ven a Torrelavega y okupa: este es el mensaje que está lanzando el equipo de gobierno”. Así lo ha manifestado el concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Torrelavega, Julio Ricciardiello, tras conocerse que esta semana se firmarán cuatro contratos de alquiler en el edificio de la calle Emilio Mier de Sierrapando, okupado desde hace una década. En el caso de los contratos que se rubricarán entre los inquilinos y la Sareb, se trata según ha podido saber Cs, de personas con informes de vulnerabilidad negativos por parte de los Servicios Sociales municipales, por lo que no se justifica la concesión de un alquiler social.
“No hemos sido partícipes de ninguna negociación ni tampoco hemos podido ver ningún informe social que avale esta decisión, solo sabemos que el alcalde Javier López Estrada y la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, han estado presentes en estas negociaciones”, ha criticado Ricciardiello, quien ha señalado que, según los datos que maneja la Oficina de la Vivienda del Ayuntamiento de Torrelavega, estas personas “no son vulnerables” ya que cuentan ingresos superiores a los mil euros y en algunos casos disponen de varios vehículos, además de multas y deudas con el Consistorio por impagos.
El edil de Cs ha señalado que la “discriminación positiva” del equipo de gobierno PRC-PSOE “deja fuera a cientos de jóvenes del municipio que no logran un alquiler social mientras se “premia” con “privilegios y derechos” a personas que han “okupado viviendas”.
“No es justo que con informes negativos de Servicios Sociales y sin datos que avalen la situación real de vulnerabilidad se concedan pisos en alquiler”, ha criticado Julio Ricciardiello, que ha vuelto a insistir en que el Ayuntamiento “está actuando de manera temeraria al recompensar una situación de ilegalidad como es una okupación” y ha pedido a las administraciones involucradas que “reconsideren” esta firma ya que quien okupa “no tiene derecho a un alquiler social”.