• El diputado Diego Marañón pone de relieve la alta temporalidad en el sector público, con casos como los de Empleo, el ICASS o el EMCAN, donde la eventualidad supera el 50 por ciento

 

Santander, miércoles 16 de junio de 2021. El diputado de Ciudadanos (Cs), Diego Marañón, ha abogado hoy por “identificar y definir” las situaciones de abuso de la temporalidad en todos los niveles de la Administración Pública “en línea con los criterios que se desprenden de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Es lo que ha manifestado después de que el grupo parlamentario haya registrado una Proposición no de Ley (PNL) en la que aborda esta problemática que, según Marañón, “constituye un problema estructural de enorme envergadura”.

 

“Más de 800.000 familias españolas sufren este abuso sistemático de la temporalidad en la contratación pública”, ha advertido el diputado de Cs, quien también ha apuntado a la “constante e impune renovación fraudulenta de contratos consecutivos” bajo una “falsa premisa” de necesidades temporales “que no son tales”. Un motivo por el que la formación naranja ha puesto sobre la mesa la necesidad de “plantear y negociar” una solución con el resto de las fuerzas políticas y los trabajadores afectados siguiendo la línea marcada por los pronunciamientos de la justicia europea en favor de este colectivo.

 

“Cantabria se encuentra a la cabeza de España en cuanto a la temporalidad del sector público, rozando el 40 por ciento”, ha enfatizado Diego Marañón, que se ha referido además a la Consejería de Economía como el organismo que presenta una menor tasa de interinidad, del 11,6 por ciento, mientras que Empleo, ICASS y EMCAN “tienen las mayores tasas, superando el 50 por ciento”. Un punto en el que ha contabilizado en 8.950 los empleados públicos en interinidad en la comunidad autónoma, donde el número global de funcionarios asciende a 31.400.

 

Por lo tanto, “y ante estos datos”, en opinión del diputado de Cs “urge” ejecutar en el marco del actual Estatuto Básico del Empleado Público las soluciones legales que la regulación proporciona. “Nuestro objetivo es llegar a una solución a través de la realización de las reformas legales oportunas”, ha manifestado, de manera que “no se vuelvan a repetir situaciones de fraude como las sufridas por este colectivo”.