Los grupos municipales (Cs, PP y ADVI) piden que se llegue a un acuerdo con el Ejecutivo cántabro para que la Consejería de Educación se haga cargo “de forma directa” del servicio de refuerzo de limpieza en los centros de Educación Infantil y Primaria
Santa Cruz de Bezana, martes 18 de agosto de 2020. Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, Ciudadanos, PP y ADVI, han registrado el lunes un escrito para pedir un pleno extraordinario para debatir el polémico asunto de la cesión del superávit por parte de los ayuntamientos al Gobierno central. La oposición tiene como objetivo poder llegar a un acuerdo de forma conjunta.
Hay que recordar que el Real Decreto-ley 27/2020, de medidas financieras, aprobado el pasado 4 de agosto por el Consejo de Ministros, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales establece que a cambio de que éstas cedan todos los ahorros municipales, “los ahorros de los vecinos”, el Gobierno les ofrece un fondo que deberán emplear únicamente en las actuaciones definidas por el Ejecutivo en el propio Real Decreto-ley 27/2020.
Los grupos de la oposición han solicitado la sesión plenaria “en este preciso momento” porque que la convalidación del citado Real-Decreto Ley tendrá lugar en el Congreso de los Diputados el próximo mes de septiembre, y es de recibo, según los portavoces municipales, “que sean los propios ayuntamientos quienes tengan voz, voto y se manifiesten en primera instancia”.
Por otro lado, respecto al inicio del curso escolar 2020/2021, la consejería de Educación ha indicado que una de las medidas frente al COVID-19 va a consistir en el refuerzo del servicio de limpieza de los centros educativos de Infantil y Primaria, cuyos gastos serán costeados por las administraciones locales. Para los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana “a día de hoy esto es inasumible por parte de los ayuntamientos” por lo que el segundo punto del orden del día del pleno solicitado se instará a la Corporación a elevar un acuerdo, de forma consensuada, “para que sea la Administración regional quien financie estos gastos”.