- El portavoz autonómico señala que la Administración ya cuenta con Sodercán para formalizar créditos y achaca esta decisión al deseo del PSOE de controlar las ayudas para las empresas privadas
Santander, miércoles 20 de noviembre de 2019. El portavoz autonómico de Ciudadanos (Cs) en Cantabria, Félix Álvarez, ha criticado que los Presupuestos “crearán más duplicidades” al modificar la Ley de Creación del ICAF, que permitirá conceder créditos privados. Álvarez ha señalado que esta decisión “no se entiende” cuando Sodercán ya realiza estas funciones al menos que, como los socialistas ya no controlan Sodercán, “necesitan otra herramienta para poder dar dinero a quienes les apetezca”.
El diputado naranja ha calificado el Presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda como “mentiroso”, al considerar que “los ingresos están inflados y los gastos están contenidos de manera irreal” . En el transcurso de la comisión que ha tenido lugar en el Parlamento para valorar las cuentas de este departamento para el ejercicio de 2020, ha señalado que estos presupuestos “están condenando a la parálisis económica” a Cantabria, al incrementar la masa salarial y los gastos corrientes y están “hipotecando el futuro” de los cántabros.
Álvarez ha señalado que las cuentas “rebajan un 10% el presupuesto en inversiones reales” lo que confirma que “este Gobierno no apuesta por un cambio del modelo productivo”. “Cantabria necesita atraer inversión y captar empresas que den un giro a la economía local”, ha insistido.
El portavoz autonómico ha censurado medidas como el aumento del 10% de las tasas, la modificación del límite de la base imponible del contribuyente hasta los 31.485 euros en declaración conjunta y a 22.946 en declaraciones individuales, o la eliminación de la deducción de la cuota íntegra autonómica el 15% del importe satisfecho a la Seguridad Social que paga el empleador hasta un máximo de 250 euros anuales para empleadas del hogar.
Además, ha señalado que los gastos “no son reales” al no contemplar la subida salarial del 3% a los funcionarios, que supondrán una desviación de 30 millones de euros.