El portavoz autonómico de Cs muestra su “preocupación” ante un “asunto muy grave” al tratarse de “presuntas actuaciones delictivas” en la administración
Santander, jueves 3 de mayo de 2018. El portavoz autonómico de Ciudadanos (Cs) Cantabria, Félix Álvarez, ha anunciado que si la consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria, la socialista María Luisa Real, “sigue escondiéndose” y no da respuesta antes del próximo viernes, día 11 de mayo, a la petición de comparencia solicitada por Cs Cantabria el pasado 25 de abril en relación a la denuncia de la jefa del Servicio de Contratación Administrativa y Gestión de Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Inmaculada Rodríguez, el siguiente paso que dará la formación liberal es “pedir una comisión de investigación con una con una condición no negociable por nuestra parte: que tenga fecha de finalización”. En este sentido, Álvarez ha subrayado que el objetivo de poner un plazo máximo de tres o cuatro meses a la investigación es que el Ejecutivo “no caiga en la tentación de dilatar la comisión en el tiempo de forma que lleguemos al final de la legislatura sin las conclusiones necesarias”.
El portavoz autonómico de Cs Cantabria ha comparecido ante los medios de comunicación junto al portavoz parlamentario, Rubén Gómez, y ha mostrado su “preocupación” ante un “asunto muy grave”, ya que según sus palabras, “estamos hablando de presuntas actuaciones delictivas”. Asimismo, Álvarez ha matizado que, en el caso de que estas denuncias lleguen a confirmarse, “también estaríamos hablando de corrupción política, de utilizar el dinero de todos los cántabros de forma caprichosa y fraudulenta, de favorecer a ciertas empresas, de adjudicaciones a dedo, de injerencias externas en la administración pública y de no respetar a los funcionarios”, que en su opinión, son los que tienen que “velar” por el correcto funcionamiento de las administraciones.
“Esto no huele nada bien”, ha enfatizado Félix Álvarez al advertir que el informe de la jefa de contratación ya había llegado a manos del ex interventor general del Gobierno de Cantabria, Gabriel Pérez Penido, que incluyó entre sus actuaciones “la fiscalización de la contratación administrativa del SCS y fue destituido de forma fulminante el 15 de febrero, solo una semana después de que dicho informe llegara a la Consejería”.
Tanto Félix Álvarez como Rubén Gómez han mostrado su “apoyo” a la jefa de contratación del SCS, que ha recibido un trato “aberrante” tras ser denunciada por hacer públicas las irregularidades detectadas. “Algo que no hubiera ocurrido”, ha resaltado Gómez, en el caso de que la Ley de protección integral de denunciantes por corrupción “hubiera sido aprobada a estas alturas”, ya que “parece que hay algunos grupos en el Parlamento que están por la labor de postergar sin fecha de comienzo esa tramitación”, cuando es una norma “que tiene como objetivo, precisamente, proteger a los funcionarios que sacan a la luz casos de corrupción en el seno de la administración”.